Periodistas bajo constante amenaza

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Periodistas bajo constante amenaza

2022 y los inicios de 2023 están siendo especialmente agresivos con el trabajo de la prensa. Según un reporte de las organizaciones sindicales de la prensa de Bolivia, un total de 75 trabajadores de la prensa de Santa Cruz fueron agredidos desde fines de 2021, en 2022 y las primeras horas de 2023.

Conflictos como la fecha del Censo, que tuvo como contexto un paro cívico en Santa Cruz que duró 36 días; avasallamientos en diferentes regiones y violencia en La Paz con el sector de los cocaleros, fueron episodios en los que los periodistas resultaron blanco de violencia de los sectores en disputa.

Ni siquiera las fiestas de fin de año representaron una pausa para el trabajo de la prensa pues, desde el 28 de diciembre, fecha en que fue detenido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y trasladado a Santa Cruz en medio de un polémico operativo policial, la violencia volvió a brotar en esa región y nuevamente los periodistas resultaron parte del fuego cruzado.

La situación es preocupante. Sobre todo porque la mayoría de los casos, si no son todos, quedaron en la total impunidad. En el conflicto que tiene lugar estos días en la capital oriental, la Policía ha resultado la principal agresora, es decir, una de las entidades del Estado que debe garantizar el trabajo de la prensa.

La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) recuerda al Gobierno del presidente Luis Arce que es su obligación garantizar y proteger a los trabajadores de la prensa en cumplimiento de las leyes nacionales.

Ante esta situación, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, ha pedido a las autoridades garantizar la libertad de prensa.

“Estoy recibiendo reportes de agresiones severas a la prensa en Bolivia que se atribuyen al despliegue policial. Hago un llamado a las autoridades para dar instrucciones públicas a sus agentes sobre el deber de garantizar las libertades de prensa, reunión pacífica y asociación”, señaló en sus redes sociales.

Y, por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitió un comunicado en el que pidió “al presidente Luis Arce Catacora que, a través de su ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, instruya a la policía que deje de disparar contra los hombres y mujeres de prensa que solo cumplen con su tarea de informar a la población sobre las protestas generadas en la capital oriental”.

La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz registró seis agresiones a trabajadores de la prensa, entre la tarde del miércoles y la noche del viernes. Entre estos casos, dos periodistas fueron atacados por la Policía y a otro le quemaron su auto.

Los casos más dramáticos fueron los siguientes: El camarógrafo José Enrique Tarqui recibió cinco disparos de perdigones en el cuerpo; el periodista Roger Ramos, de Unitel, y su equipo recibieron un doble ataque: un día les dispararon y otro día fueron golpeados.
“Joel Orellana, camarógrafo de Unitel y Miguel Ángel Rivero, del servicio de transporte, estaban en la cobertura en el conflicto y pasada la medianoche un grupo de policías los golpeó. Joel fue tumbado al piso y golpeado y a Miguel Ángel le pegaron en la cabeza y le quitaron el micrófono, pese a que ambos estaban identificados y con equipos de prensa”, informó ese medio televisivo.

Ante esta arremetida, diversas organizaciones de periodistas y la Red de Apoyo y Protección a los Periodistas (RAPP), participaron de una reunión con la viceministra de Comunicaciones, Gabriela Alcón el jueves 5 de enero. En la misma, la autoridad aseguró que se investigará las agresiones a los periodistas durante los días de conflictos en Santa Cruz y señaló que la libertad de prensa está garantizada en el país.

Alcón recordó que se iniciaron de oficio tres investigaciones y pidió celeridad en las mismas para esclarecer los casos de agresiones a la prensa. “Se ha visto agresiones a la prensa tanto de medios estatales como de medios privados y si hay denuncias también con relación a la Policía, lo ha dicho el comandante y el ministro de Gobierno, van a investigarse”, dijo.

El artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) que “garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

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