La RAPP es parte de un conjunto regional de organizaciones que defienden a periodistas
21 organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y el trabajo de la prensa en América Latina, se reunieron en San José, Costa Rica para analizar la situación de los periodistas de la región e impulsar mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones.
México, Brasil, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Chile y Bolivia estuvieron representados en el encuentro.
La Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) fue invitada a exponer el caso boliviano y comentar el trabajo que realiza desde mayo de 2022. La coordinadora de la RAPP, la periodista Isabel Mercado, explicó la existencia de un consultorio jurídico que brinda orientación a periodistas agredidos y las capacitaciones que se ofrecen a periodistas de todo el país.
¿Qué está pasando en la región? ¿A qué se dedican cada una de nuestras organizaciones? ¿Cuáles son las prioridades y desafíos en común?, y finalmente, ¿qué podemos hacer y cómo podemos trabajar en conjunto?, fueron algunas de las preguntas que se discutieron en el evento que fue organizado por Free Press Unlimited (FPU).
Los periodistas de los países participantes coincidieron en problemáticas comunes como el alto nivel de agresividad contra el trabajo de la prensa, la inseguridad digital y física, la impunidad en casos de violencia y la falta de garantías de parte del Estado.
Asimismo, intercambiaron experiencias y contenidos que serán replicados a nivel regional para contribuir a un mejor clima de trabajo para las y los periodistas.
“Hemos aprendido mucho y estamos esperanzados de que el trabajo en red ayude a que el trabajo de los periodistas y la libertad de expresión estén mejor protegidas”, comentó Isabel Mercado.
Curso: Navegación segura y anónima
Uno de los principales escollos en la protección del trabajo de los periodistas es la seguridad digital.
Sabemos muy poco de ella y no tenemos los mecanismos que nos permitan trabajar de forma confiable con la información y datos que manejamos.
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Diez periodistas salvadoreños huyen de su país para evitar persecución política
Una serie de modificaciones legales obligan a periodistas salvadoreños a escoger entre dos caminos: “jugársela” y seguir investigando, o autocensurarse.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) teme por los reporteros de ese país y ya tomó medidas preventivas. Es por esto que un grupo de 10 periodistas salió de El Salvador para seguir investigando los temas relacionados a las pandillas, sin sufrir represalias o futuras acusaciones penales.
La ley que castiga con 15 años de cárcel a quien difunda informaciones sobre las pandillas en El Salvador, así como una serie de reformas legales, cimientan el camino para replicar el caso nicaragüense, en donde la dictadura de ese país ha encerrado a casi 200 opositores, entre ellos periodistas, activistas y políticos.
“Si bien, a la fecha no hay periodistas encarcelados. La APES ha actuado preventivamente. Les decimos que si van a publicar algo al respecto es que salgan”, relata Angelica Cárcamo, presidenta de la APES.
El gremio periodístico de ese país tomó nota del caso nicaragüense y se ha preparado mucho para estos escenarios, por medio de salidas preventivas y capacitaciones a abogados en temas de libertad de expresión.
De acuerdo con Cárcamo, el deterioro democrático de El Salvador va a un ritmo acelerado, como el que sucedió en Nicaragua “pero más rápido”.
Lo más reciente fue la aprobación por parte de los diputados de una normativa que le brinda más facultades a la Fiscalía para intervenir y escuchas las llamadas de los ciudadanos, así como un menor margen de maniobra a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
También se obliga a las empresas telefónicas a entregar a la Fiscalía datos o registros de llamadas y del “origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica”. Para la entrega de esta información no será necesaria una orden judicial.
Otra de las reformas que impacta a la APES es la obligatoriedad de tener un “oficial de cumplimiento”, es decir, un funcionario de la Fiscalía instalado y pagado en la asociación.
De acuerdo con Cárcamo, el gremio de periodistas está dividido. Los más experimentados del periodismo de investigación tienen una mejor red de articulación y no se intimidan por las presiones del gobierno salvadoreño, pero existe otro grupo que opta por la autocensura.
En cuestión de pocos años, el partido del presidente Nayib Bukele ha tomado el control del Poder Ejecutivo, Legislativo y también Judicial. Solo el año pasado destituyó en pleno a los magistrados de la Sala Constitucional, así como al fiscal general.
Controlados los tres poderes, ahora Bukele pone la mirada en el llamado popularmente “el cuarto poder”. El interés del oficialismo por controlar al periodismo se evidenció con un informe que reveló el espionaje a los teléfonos celulares de más de 35 periodistas y activistas salvadoreños por medio del software Pegasus.
