La impunidad como norma
¿Hace su país lo suficiente para proteger a los periodistas? En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad, el 2 de noviembre, se puede constatar que el estado de indefensión y vulneración de derechos de los periodistas en el mundo es una preocupación de la que todos deberíamos ser parte.
Solo la UNESCO ha registrado 74 asesinatos de periodistas en lo que va de año, lo que ya supera significativamente las cifras de 2021 (55 muertes) y 2020 (62). El actual Informe de Expresión Global también documenta un fuerte declive de la libertad de los medios de comunicación en todo el mundo.
Por otro lado, justamente en estas fechas en que se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad en la Violencia contra Periodistas, el Índice Global de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), destaca los países en los que los asesinatos de periodistas son habituales y la rendición de cuentas es escasa.
En la década transcurrida desde que las Naciones Unidas lanzaron un Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, nadie ha sido llevado ante la justicia en casi el 80% de los 263 casos de periodistas asesinados en represalia por su trabajo en todo el mundo, según el Índice Global de Impunidad 2022 del Comité para la Protección de los Periodistas, publicado el martes 1 de noviembre de 2022.
El índice anual es un llamativo recordatorio de la necesidad de intervenir urgentemente en favor de los periodistas en todo el mundo. El CPJ, que ya colaboró en el plan de la ONU, renueva su llamamiento a los gobiernos para que den prioridad a la seguridad de los periodistas.
“Hemos visto un aumento dramático de las tácticas abusivas utilizadas para silenciar a los periodistas, desde la tecnología de espionaje hasta las acusaciones legales espurias”, ha declarado la presidenta del CPJ, Jodie Ginsberg. “Además de estas crecientes amenazas, los periodistas están siendo asesinados en represalia por su trabajo con una impunidad casi total. Esta falta de justicia faculta a los autores para seguir silenciando a la prensa”.
Myanmar figura en la clasificación por primera vez este año, poniendo de relieve la crisis de la libertad de prensa en el país, un año después de que se incorporara a las filas de los peores encarceladores de periodistas del mundo. Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, la Junta Militar de Myanmar se ha valido de leyes antiestatales y de noticias falsas para suprimir la información independiente y encarcelar a un número récord de periodistas.
Por octavo año consecutivo, Somalia sigue siendo el peor país del índice. Siria, Sudán del Sur, Afganistán e Irak, respectivamente, completan los cinco primeros puestos, ya que la inestabilidad política, los conflictos y la debilidad del Estado de derecho impiden la rendición de cuentas por las agresiones a periodistas.
Los regímenes autoritarios y los conflictos no son los únicos que contribuyen a la impunidad rampante. Los gobiernos elegidos democráticamente en países como México, Filipinas y Brasil siguen siendo deficientes, ya que la violencia contra los periodistas se dispara y los mecanismos nacionales de protección resultan ineficaces. Con 28 asesinatos sin resolver en México en los últimos 10 años, la mayor cantidad de cualquier nación en el índice, parece haber poca voluntad política para buscar justicia.
“El Plan de Acción de la ONU proporciona un modelo, pero, en última instancia, los gobiernos nacionales son los que deben cumplir con la protección y la justicia. Necesitamos ver investigaciones exhaustivas e independientes para frenar la violencia contra los periodistas, y consecuencias políticas y económicas para aquellos que no lleven a cabo dichas investigaciones”, dijo Ginsberg.
El Índice de Impunidad Global del CPJ calcula los asesinatos de periodistas no resueltos como porcentaje de la población de un país. El índice de 2022 examina los asesinatos de periodistas ocurridos entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2022, por los que no se han obtenido condenas. Sólo se incluyen en el índice los países con cinco o más casos sin resolver.
La Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) rechaza la violencia contra los trabajadores de la prensa
La Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) expresa su profunda preocupación por las expresiones de intolerancia y violencia contra el trabajo de la prensa expresadas en estos días de violencia social y política en el país.
La agresión perpetrada con el colega Mario Rocabado de la red Unitel, es la exhibición más clara de la intolerancia contra el ejercicio del periodismo y la labor de informar que mueve a los trabajadores de la prensa a estar en la primera línea de los conflictos.
Rocabado fue insultado, agredido físicamente y estuvo a punto de ser linchado por un grupo de personas que se encontraban en los puntos de cerco y bloqueo en la zona de La Guardia en Santa Cruz. El periodista –que fue internado con lesiones y golpes en la cabeza y el resto del cuerpo-, relató que se identificó como periodista y que aún así fue víctima de la violencia e ira de los manifestantes.
Además de ello, el periodista denunció que sufrió el robo de sus dos celulares, su billetera y micrófono.
“Los responsables de este ataque son integrantes de grupos de choque que pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que son alentados por las autoridades de Gobierno” dice el texto distribuido por los las asociaciones de periodistas de La Paz y a nivel nacional; sin embargo, el Gobierno intentó culpar a los pobladores de La Guardia que se encontraban resistiendo el asedio.
Lo preocupante es que no es el único caso de un periodista agredido ya sea verbal o físicamente durante las protestas sociales de las últimas semanas ocurridas en La Paz y Santa Cruz.
Las entidades de prensa demandaron al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que “controle” a estos grupos de choque y en el caso específico de los agresores del colega Rocabado, los identifique para su posterior procesamiento.
Por su parte, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz exigió en un pronunciamiento que se investigue la agresión contra el periodista y se dé con los responsables del hecho. El ente gremial agregó que se formulará una denuncia por la agresión a Rocabado, así como por otro incidente ocurrido el primer día del paro, sobre el cual se tiene identificado al agresor.
Las federaciones sindicales de trabajadores de la prensa de La Paz (FTPLP) y Cochabamba (FSTPC) repudiaron y rechazaron las agresiones y obstáculos a la labor periodística que se han venido produciendo en las últimas semanas e insta a las autoridades a hacer respetar el trabajo de la prensa y garantías y se declararon en emergencia y movilización constante
La Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) está monitoreando y registrando los casos de agresión a trabajadores de la prensa, y ofrece a cada uno de ellos asistencia jurídica para propiciar una justa defensa de sus derechos; asimismo, participará de un evento internacional en el que hará un informe del clima de intolerancia y vulneración de derechos que sufren los periodistas bolivianos en un ambiente de polarización y extrema violencia política.
En climas como el que se vive durante las últimas semanas, la libertad de expresión es una más de las víctimas de la confrontación; la sociedad y las autoridades y representantes políticos deben entender que el trabajo del periodista es informar y llevar el detalle de los hechos a la ciudadanía de forma oportuna y con todas las garantías.
Pronunciamiento de la Red Centroamericana de Periodistas
