Periodistas y fiscales
El mecanismo del acoso judicial está a la orden del día. Prácticamente a diario, se reportan casos de fiscales que citan a periodistas para pedirles datos sobre sus fuentes, para hacer requerimiento de ampliación de información en procesos que se libran en la justicia o llamar a declarar a periodistas como testigos o aportantes de pruebas.
Son todas expresiones de un acoso, que se suman a las agresiones verbales y físicas efectuadas –también a diario- por organizaciones sociales y civiles que expresan a través de la violencia su intolerancia con el trabajo de la prensa.
Son tiempos difíciles, pues la criminalización del trabajo periodístico no persigue que este mejore o se produzca un acceso más democrático a la información; todo lo contrario, lo que busca es homogenizar la realidad a gusto, ejemplarizar a los periodistas críticos e interpelantes e imponer una sola verdad de las cosas.
Esta, que es una tendencia global, se está naturalizando en Bolivia por la vía nada menos que de los operadores de justicia, que desconociendo (intencionalmente o no) el marco legal que rige el ejercicio del periodismo en Bolivia y en el mundo, hacen la vista gorda para presionarlos y conducir las aguas por caprichosos cauces.
En Bolivia rige la Ley de Imprenta (1925), la CPE (Art 107“La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley”) y la Convención Internacional de la que Bolivia es signataria; en todas estas instancias rige el respeto a la libertad de expresión y la confidencialidad de la fuente, y es de esperar que aspectos legales tan elementales sean de conocimiento de los operadores de justicia. Pero, no se trata de ignorancia sino de una premeditada estrategia de control de las opiniones a través de la justicia como elemento de coerción.
Con el acoso judicial, el Ministerio Público tira la piedra y esconde la mano, pues emite mandamientos contra periodistas y luego del amedrentamiento, los retira, con lo que el efecto sigue vigente, pero no hay pruebas de ello.
La Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) busca alentar a los periodistas a empoderarse, a conocer sus derechos y no ceder a las presiones con el respaldo de la ley .
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