Nueva directiva de Asociación de Periodistas de La Paz tiene entre sus objetivos defender a los periodistas de vulneraciones a su trabajo
El periodista Raúl Peñaranda fue elegido este viernes como el nuevo presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (Aplp) para el período 2022-2024. Peñaranda se comprometió a trabajar por la unidad y fortalecimiento de la institución. Asimismo, plantea dar respuesta a una de las preocupaciones mayores de los trabajadores de la prensa, que son las crecientes agresiones que reciben en el ejercicio de su trabajo.
“En un momento como el actual, en que los periodistas enfrentan varios desafíos, entre otros asfixia económica y presiones de parte del Estado, es importante ocuparse de la protección a periodistas”, dice.
Esa defensa tiene que ser en primer lugar legal, pero también de protección física y de otro tipo, opina Peñaranda y felicita que se haya puesto en marcha la Red de Apoyo y Protección al Periodista (RAPP), que llena un vacío importante en las tareas referidas a la defensa de la integridad y seguridad de los periodistas.
“Estoy seguro que la Red de Apoyo y Protección a Periodistas, cumplirá su objetivo de establecerse en un espacio de asistencia y orientación a periodistas en casos de agresiones de cualquier tipo”, añade.
Por otra parte, reunidos en Sucre, periodistas de todo el país se declararon en emergencia por la vulneración de la libertad de expresión y de prensa. En su declaración final, acordaron crear una unidad de asesoramiento y apoyo jurídico en defensa de los derechos individuales y colectivos.
“Rechazamos la criminalización al ejercicio del trabajo periodístico, el amedrentamiento y la persecución judicial y política, así como la asfixia económica a medios y periodistas a través de la distribución discrecional de la pauta publicitaria financiada con fondos públicos que debería ser justa y equitativa”, señala el pronunciamiento.
Además se exige las garantías para el ejercicio del periodismo en el país, la libertad de prensa y rechazan la persecución política, judicial y la asfixia económica.
“En consecuencia, los periodistas del país nos declaramos en estado de emergencia y aprobamos crear una unidad de asesoramiento y apoyo jurídico en defensa de nuestros derechos individuales y colectivos, exigiendo se cumpla el Art. I de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humano”, detalla la resolución.
El documento fue firmado por las representaciones de las nueve asociaciones de periodistas del país, quienes trabajaron en dos comisiones y luego en plenarias.
Los periodistas parecen ser un blanco permanente en los conflictos políticos. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que agrupa a los principales medios de Bolivia, denunció esta semana que dos fotoperiodistas fueron agredidos en la huelga realizada en Santa Cruz por parte de militantes del partido de Gobierno
La ANP rechazó “las acciones de personas que traducen el discurso de odio en violencia contra los periodistas que cubren conflictos” por las agresiones que recibieron los fotoperiodistas del diario El Deber Jorge Ibáñez y Juan Carlos Torrejón, durante la cobertura de la huelga en Santa Cruz en rechazo a la nueva fecha del censo de población y vivienda para 2024.
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Intervienen y secuestran equipos de radios “ilegales” en El Alto
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) intervino 14 radioemisoras ilegales en El Alto y secuestro equipos valuados en Bs 2 millones.
Según el director de la ATT, Néstor Ríos, se trata de “radios piratas”.
“Este es el primer operativo de la gestión 2022, hemos mejorado táctica y logísticamente los operativos en el país bajo una nueva estrategia, ya no sólo se desbaratarán estas actividades ilegales, también se iniciarán procesos penales contra los propietarios de radios que utilizan frecuencias de manera indebida”, explicó.
Ríos remarcó que las radios ilegales en la ciudad de El Alto y en otras donde se tienen aeropuertos pueden generar accidentes, además de provocar pérdidas de vidas humanas.
“El objetivo es limpiar la banda de cualquier uso ilegal, por ese motivo las sanciones serán más duras porque además están dañando la economía del país”, sostuvo.
Esta acción generó el rechazo en las instituciones y organizaciones de la prensa, pues se considera un abuso de autoridad de parte de esta entidad del Estado que viola la libertad de expresión.
Según el artículo 64 de la Ley de Imprenta, “en ningún caso podrá decretarse la clausura de una imprenta (medio de comunicación)”.
La misma ley dice, en sus primeros artículos, cómo debe procederse con una “imprenta clandestina”. Según esa normativa, vigente en el país, corresponde una multa, no una clausura.
https://twitter.com/erboldigital/status/1565047974174113793?s=24&t=VGy7QUbgHNkKbHuVbfytng
Reflexión de la semana:
